Desde el principio de toda esta situación, la dirección del CES tenía un único objetivo en mente: expulsar a Boaventura, convirtiéndolo en el chivo expiatorio responsable de lo sucedido.
Hoy he dado el paso más complejo de toda mi carrera. Pero lo doy con firmeza y con la convicción de que es lo correcto. Hoy he presentado mi dimisión como Director Asociado y Emérito del Centro de Estudios Sociales, que yo fundé.
Desde hace 18 meses he sido objeto de un duro proceso de acusaciones infundadas contra mi buen nombre y mi labor profesional. Desde el inicio de este proceso en mi contra, ha quedado cada vez más claro que este ha sido orquestado por la dirección del CES y que su único fin es político. Existía una clara predeterminación por parte de la dirección del CES para hacerme responsable de cualquier actuación irregular dentro de la institución.
Desde el primer minuto, centré todos mis esfuerzos en colaborar con los procesos de esclarecimiento de la verdad. No me escondí, intenté evitar los circos mediáticos y hacer de este un proceso justo para todas las partes. Para saber de qué se me acusaba, solicité acceso a la documentación pertinente para poder ejercer mi debida defensa por todos los medios posibles. Todo ello me fue denegado. La dirección del CES no sólo ha mentido sobre mi situación, sino que me ha negado reiteradamente el acceso a cualquier documentación que me permitiera conocer, de una vez por todas, de qué se me acusa y de qué tengo que defenderme. En los últimos días, incluso he recibido amenazas que son inaceptables y que han conducido a este desenlace.
¿Es esto lo que queremos? ¿Es esta la mejor manera de esclarecer unos hechos que nos afectan colectivamente como sociedad?
Lo que debía ser un juicio justo se ha convertido en un proceso inquisitorial.
Cuando la Comisión de Investigación emitió su dictamen en el que no determinaba ninguna responsabilidad directa sobre mi persona, la dirección del CES inició arbitrariamente una persecución a través de una más que dudosa iniciativa de investigación privada encomendada a abogados, sin ninguna garantía de imparcialidad, sin permitir el acceso a las pruebas ni a los datos existentes y aplicando técnicas contrarias al Estado de Derecho y propias del derecho penal del enemigo, y cuyo objetivo último y principal era y soy yo.
Además, la investigación se solapó de forma parcial, interesada y arbitraria con las investigaciones penales y civiles abiertas, sin darme la posibilidad de una mínima defensa. Esta situación podría derivar en una clara responsabilidad penal y civil por parte de la dirección del CES y de los propios investigadores privados, que deberían ser puestos a disposición judicial de forma inmediata.
He intentado ser respetuoso y colaborador con todas las iniciativas que han tenido lugar en el CES, pero es evidente que la cacería contra mi persona ha adquirido dimensiones insoportables e ilegales, y no puedo ir más allá. Interferir en medio de un procedimiento judicial abierto es poco menos que ilegal.
Corresponde a los tribunales, al Ministerio Público y al Tribunal Civil de Coimbra juzgar los hechos, garantizando la imparcialidad y sin la contaminación política provocada por las disputas internas en el CES. Seguiré luchando por la verdad en estas instancias.
Coimbra, 26 de noviembre de 2024
Boaventura de Sousa Santos
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